El programa del Frente de Izquierda (FI) establece la plataforma política, económica y cultural para construir una sociedad democrática popular.

El programa es la plataforma política e ideológica que guía el trabajo político de nuestros afiliados, militantes y los representantes de elección popular emanados de nuestra organización política.

La propuesta programática política del FI defiende y representa los intereses de la clase trabajadora y del pueblo trabajador en su conjunto, y claramente es diferente al programa de los partidos proempresariales que han gobernado el país. Nuestro Programa reconoce que el bienestar y la felicidad del pueblo trabajador es incompatible con las ostentosas fortunas de la élite empresarial, cuyo origen se basa en salarios miserables, cancelación de prestaciones y derechos laborales, así como del despojo de bienes nacionales, propiedades sociales y comunales.

La propuesta programática del FI se sintetiza en: construir una sociedad que garantice a todas las michoacanas y michoacanos plenos derechos laborales, sociales, humanos y asegurarles una vida digna, esto requiere restaurar y ampliar los derechos laborales, sociales y humanos del pueblo cancelados a lo largo de décadas de gobiernos neoliberales, recuperar los bienes de la nación privatizadas y entregados a monopolios y trasnacionales, instaurar un gobierno democrático popular que incluya diversos mecanismos de democracia participativa que permita al pueblo trabajador definir, supervisar e implementar políticas y acciones en todos los ámbitos de la sociedad.

Nuestro programa recupera las demandas más sentidas del movimiento popular y de la clase trabajadora en los últimos 30 años (cancelar las reformas estructurales y crear leyes que representen los intereses de las y los trabajadores).  Es decir, parte de un análisis del estado de ánimo de las masas y las expone en consignas concretas.

Los puntos de nuestro programa son:

  1. Garantizar los derechos sociales a la población. En Michoacán, el 46.0 por ciento de la población de la entidad vive en situación de pobreza, es decir, 2 millones 161 mil 900 personas. Incluso, la pobreza extrema, que son las personas que tienen un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana, incrementó de 2018 a 2020 de 5.3 a 7.6 por ciento, con lo cual las personas que padecen esta crítica situación pasaron de 247 mil a 363 mil personas. Este grave panorama tiene su origen los gobiernos emanados de las minorías empresariales, los cuales han favorecido a una minoría que se ha enriquecido al amparo del poder público, saqueo de las comunidades y explotación de las y los trabajadores. Para lo cual es esencial la existencia de la corrupción y la impunidad, que ha incrementado la brecha de desigualdad social. Para subsanar esta desigualdad comenzaremos por garantizar los derechos sociales a todas y todos los michoacanos, combatir la pobreza no con programas sociales, sino terminando con ella de raíz.
  1. ¡Por trabajos dignos! La pobreza que padecen la población de Michoacán se encuentra ampliamente vinculada a la situación de precariedad laboral de las y los trabajadores. Según la Encuesta trimestral de Ocupación y Empleo del INEGI, 55 mil trabajadores se encuentran en situación de desocupación. De los 2 millones 110 mil 933 trabajadores y trabajadores que hay en el estado, 7 de cada 10 se encontraban laborando sin derechos en la informalidad y 4 de cada 10, no trabajan el tiempo suficiente para tener acceso a un ingreso suficiente. Es urgente, dignificar las condiciones laborales y garantizar que se respeten los derechos labores como la estabilidad, salarios dignos, prestaciones de ley, aguinaldo y utilización.
  1. Por el respeto a una vida libre de violencias machistas. Las mujeres trabajadoras y del pueblo viven día a día en la incertidumbre y el miedo. Michoacán es uno de los estados con mayores números de feminicidios. Tan solo de enero a marzo de 2022 se cometieron 55 feminicidios, y se reportaron desapariciones forzadas de mujeres. Durante la pandemia en el año de 2021, más de 47 mil mujeres fueron víctimas de algún tipo de violencia machista. Por si esto fuera poco, las mujeres de Michoacán tienden a tener mayor probabilidad de vivir en pobreza.  Mientras el 47.1 por ciento de las mujeres padecía esta situación, solo el 44.9 de hombres la vivían. La Cuarta Ola feminista ha visibilizado el carácter patriarcal de las instituciones del Estado. Por eso es urgente instaurar un gobierno del pueblo que realmente garantice a todas las mujeres el acceso a una vida libre de violencias machistas. Siendo responsabilidad del Estado el prevenir, atender, combatir y castigar todas las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres. Garantizar mecanismos institucionales de apoyo y atención a las víctimas, eliminando la revictimización y la violencia en los medios de comunicación.
  1. Por nuestro derecho a decidir ¡Serán ley! En Michoacán, el derecho al aborto no se conquista aún, pese a que en 6 estados de la república el aborto no está penalizado. La influencia de los grupos eclesiásticos y de derecha han impedido este que este derecho sea ley en nuestro estado. Derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres. Garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, así como todos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Garantizar el derecho a la maternidad y paternidad compartida, así como la responsabilidad del Estado, sin discriminación a las diferencias en la conformación de los núcleos familiares. Promover la existencia de un sistema de educación temprana para el cuidado de las y los hijos.
  1. Luchar contra la desigualdad, terminar con los subsidios fiscales a las grandes fortunas e impulsar un salario universal. Terminar con los subsidios públicos a las grandes fortunas, eliminando los beneficios fiscales a los más ricos y estableciendo impuestos estatales progresivos (el que más tiene, más paga), que ayuden a paliar la desigualdad y financiar a la salud y la educación pública. Nuestro estado es de las entidades que más desaprovechan sus facultades tributarias. De los 17 impuestos que podrían recaudar, nuestro estado recauda 5. Es necesario iniciar una lucha frontal contra la evasión fiscal que realizan los propietarios de grandes fortunas.
  1. Reconocimiento, garantía y salario justo al trabajo doméstico y de cuidados. Después de décadas se ha reconocido el papel tan importante del trabajo de cuidados realizado en su mayoría por mujeres trabajadoras. Se estima que cada año el valor del trabajo doméstico y de cuidados supera el 22 por ciento de la riqueza producida en el país. Por eso es necesario impulsar campañas que promuevan una cultura de la socialización del trabajo doméstico y garantizar un salario básico a esta labor.
  1. ¡Por el derecho a la seguridad y las guardias comunitarias! Nuestro estado al igual que el resto del país, ha sido gravemente golpeado por la inseguridad y la violencia. Es necesario desarrollar políticas públicas para dar atención inmediata a las comunidades más afectadas por esta terrible situación, terminando con la impunidad y eliminando toda práctica extra-judicial de facto, como la desaparición forzada y las ejecuciones como la ocurrida en Arantepacua. El fracaso de la política de guerra calderonista, nos lleva a pensar en un nuevo modelo de seguridad que involucre a las y los michoacanos dándoles la posibilidad de intervenir directamente en el manejo de la seguridad pública, como lo son las guardias comunitarias, junto a esto pondremos en marcha una estrategia multidimensional que abarque el apoyo a las comunidades más afectadas así como el impulso del deporte y la cultura, poniendo especial énfasis en la prevención social de la violencia y la delincuencia.
  1. Resarcir la deuda historia con las comunidades y pueblos originarios. La deuda histórica que se tiene con las comunidades originarias de nuestro país y estado, lejos de haberse resarcido con la 4T, ha aumentado. Se estima que, en Michoacán, el 72 por ciento de la población de las comunidades se encuentra en situación de pobreza, el 29 por ciento en pobreza extrema y el 42 por ciento tiene carencia alimentaria, mientras que más de la mitad, 56 por ciento, no cuenta con servicios básicos. El tema educativo no es mejor. El rezago educativo en Michoacán es del 20 por, en las comunidades indígenas supera el 40 por ciento. El analfabetismo en las comunidades duplica al promedio estatal, ya que en los pueblos originarios es del 20.2 por ciento, el promedio estatal es del 10 por ciento. La carencia de servicios es agraviante. Mientras que en Michoacán el 12.2 por ciento carece de agua entubada, en pueblos indígenas crece a 23.7 por ciento. El 11 por ciento de la población de estado carece de drenaje, en tanto que en comunidades indígenas la cifra es 45 por ciento, lo mismo ocurre con la electricidad donde a nivel estatal el 2 por ciento carece de servicio de energía eléctrica, mientras que la población indígena crece en un 4 por ciento.
  1. Por el derecho de los pueblos originarios e indígenas a la autodeterminación y respeto a su territorio. Garantizar una reforma que permita la elección de representantes de los pueblos en el poder legislativo, según los métodos de usos y costumbres de estos. Además de respetar el derecho de los pueblos y comunidades a la autonomía, al presupuesto directo, rondas comunitarias, al control territorial y a la utilización de sus recursos, así como el respeto de los usos y costumbres que permitan fortalecer y acrecentar la democracia popular. Respeto a la pluri e interculturalidad de los pueblos, impulsando las distintas manifestaciones culturales y tradiciones.
  1. ¡Trabajo digno y pensiones justas! Eliminar todas las condiciones laborales precarias, injustas, subcontratadas y flexibles donde se labora sin derechos y en condiciones de informalidad. Impulsar un incremento salarial de acuerdo a las necesidades de las y los trabajadores. Eliminar el trabajo infantil, el trabajo esclavo o semi-esclavo y la trata de personas para fines laborales o sexuales. Garantizar los derechos políticos y sociales, a la estabilidad laboral, a la libre sindicalización, a la huelga y a la manifestación de los gremios, eliminando las leyes nocivas para las y los trabajadores; garantizando la democratización de los sindicatos y la libre organización.
  1. Derecho a la educación pública, gratuita, científica y popular. En materia educativa se vive una severa crisis incrementada por la pandemia de Covid 19, lo que ha llevado a que 1 millón 410 mil personas vivan con rezago educativo. No obstante, en lugar de fortalecer el sistema estatal de educación, los gobiernos han abandonado y atacado a las Normales Públicas, mediante mecanismos antipopulares como la aplicación del CENEVAL o el USICAMM, y han precarizado a los trabajadores de la educación. Además, se suman problemas como la baja cobertura en el nivel superior en el estado, pues apenas 7 de cada 10 jóvenes asisten a instituciones universitarias, ya que los gobiernos siguen implementados mecanismos de exclusión como exámenes o cuotas. Esta situación es resultado de que la educación en nuestro estado ha sido manejada desde la óptica empresarial, centrada en transformar las estructuras y la organización de los sistemas educativos, mediante la lógica de la libre competencia del mercado. Por eso es necesario garantizar el presupuesto necesario para mejorar la infraestructura educativa de nuestro estado, acabando con las escuelas de palitos o en malas condiciones, también se debe terminar con la incertidumbre laboral de las y los maestros de todos los niveles educativos de nuestro estado a los que se les garantizará el pago de salarios y prestaciones. Se debe garantizar el libre acceso a la educación y fortalecer el carácter democrático, científico, gratuito y popular de la educación en todos los niveles y etapas de la vida de las y los trabajadores. Se debe eliminar todos los mecanismos de exclusión educativa, garantizando el libre acceso a la educación a todas las personas. Defenderemos el normalismo público como la esencia de la educación de nuestro estado y el país.
  1. El campo para las y los campesinos. En Michoacán ha existido un enorme impulso al sector agroexportador, dejando de lado a las y los pequeños productores, que se han visto obligados a migrar y dejar sus parcelas. Es necesario apoyar al pequeño y mediano productor que nos ayude a alcanzar la soberanía alimentaria necesaria para garantizarle el derecho a la alimentación al pueblo michoacano.
  1. El agua es un derecho humano. En Michoacán ha disminuido en al menos un 30 por ciento la capacidad de 600 de los manantiales que existen, la sequía aumenta en un 20 por ciento de un año al otro. El sistema de concesiones posibilita que la extracción de agua se concentre en pocas manos, enfocadas especialmente a la producción de monocultivos (berries y aguacates), actividad industrial o en los fraccionamientos de lujo de nuestras ciudades. Ante este escenario es urgente garantizar el derecho humano al agua y posibilitar un gobierno democrático del agua del pueblo.
  1. Luchar contra el cambio climático. Michoacán enfrenta una degradación ambiental acelerada, que se manifiesta en la deforestación, la contaminación y el abatimiento de los mantos acuíferos. Todos estos problemas se han incrementado por la complicidad y la laxitud jurídica. Nuestro estado ha perdido en los últimos 30 años el 68% sus bosques y el 21.8% de especies en Michoacán están en peligro de extinción, este año los incendios han arrasado con 10 mil hectáreas, el triple que los dos años anteriores. Ante esto garantizaremos la construcción de un nuevo marco jurídico que defienda el medio ambiente. Cancelaremos los procesos productivos que atenten contra el equilibrio de este, castigando a los responsables de los daños ambientales. Y se garantizará el derecho a un medio ambiente sano.
  1. Derecho universal a la salud para toda la población. Sumado a la pobreza y empleo precario, los servicios de salud pública no atienden a todos los Michoacanos. En Michoacán, 1 millón 800 mil personas carecen de servicio de salud. Y los que acceden a este derecho, se enfrentan a hospitales y clínicas con falta de medicamentos, infraestructura suficiente o subcontratación y privatización de los servicios de hemodiálisis y oncológicos. El sector de la salud se caracteriza por la precarización de sus trabajadores y trabajadores, debido a que se aplica la subcontratación de personal. Es necesario que el gobierno emanado del pueblo garantice el derecho incondicional a la salud a todos y todas, y plenos derechos laborales a todos los y las trabajadoras de la salud. La situación del sistema de salud estatal es precaria, dejando a la población sin la posibilidad de atender sus padecimientos básicos o de especialidad. Los distintos gobiernos estatales se fueron desligando de su obligación de garantizar y financiar el sistema de salud, llevando a una grave crisis a los hospitales públicos, dejándolos sin insumos y precarizando a las y los trabajadores sanitarios. Este desfinanciamiento tiene como objetivo permitir que la iniciativa privada lucre con la salud de las y los michoacanos. Por eso garantizaremos el presupuesto necesario para el rescate de los hospitales públicos y garantizar las condiciones laborales del personal de salud.
  1. Garantizar los derechos y la dignidad a las personas con discapacidad. La situación de pobreza para las personas con discapacidad se agudiza. Para el 2018, mientras para el 52.2 por ciento de las personas con algún tipo de discapacidad eran pobres, las personas pobres sin discapacidad era 45.4. Es urgente atender las necesidades de este sector de la población.
  1. Derechos de la comunidad LGBTTTIQ. Establecer el Derecho al Libre Ejercicio del Género, declarando el absoluto respeto y la no interferencia del Estado, y de la sociedad, en los asuntos sexuales de las personas que permita las diversas formas de vivir la sexualidad sin coerción, discriminación o violencia y en la definición del género que estas decidan.
  1. Promover una Reforma Política que permita la revocación de mandato, el referéndum y la participación generalizada de todo el pueblo en los procesos democráticos. Democratización de los gobiernos municipales y estatal. Promover todos los métodos de participación popular. Promover un régimen democrático parlamentario que asegure la soberanía y participación del pueblo. Garantizar la imparcialidad e incorruptibilidad de los aparatos de justicia. Es necesario garantizar que el pueblo se parte de las decisiones de los gobiernos, por eso instrumentaremos medidas de participación popular cuyas determinaciones sean obligatorias de acatar para los gobiernos.
  1. Derechos a la libre manifestación. Todas y todos los michoacanos tendrán garantizado su derecho a la libre manifestación de las ideas, eliminando toda forma de represión, persecución a los movimientos sociales y la criminalización de la protesta social que hasta el momento persisten.
  1. Democratizar los medios de comunicación. Garantizar la libre expresión y manifestación de las ideas, combatiendo el monopolio de los medios de comunicación con la apertura de estaciones de radio y cadenas televisivas públicas, ampliando el acceso a internet y fomentando la creación de periódicos comunales, barriales, universitarios y populares.
  1. Garantizar todos los Derechos Humanos de todas las personas extranjeras y migrantes, que residan o atraviesen por el territorio nacional, independientemente de que cuenten o no con documentación para hacerlo. Erradicar la discriminación, homofobia, xenofobia, y racismo, y castigar a quien los fomente o practique, en cualquiera de sus modalidades, ya sea por sexo, edad, raza, religión, preferencia sexual, de género y/o formas de expresión cultural. Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad y población vulnerable, sobre todo a las y los niños, madres solteras y personas ancianas y/o enfermas. Asegurar como un derecho para toda la población el acceso a estancias adecuadas a sus requerimientos.