El programa del FI establece la plataforma política, económica y cultural para construir una sociedad democrática popular.

El programa es la plataforma política e ideológica que guía el trabajo político de nuestros afiliados, militantes y los representantes de elección popular emanados de nuestra organización política.

La propuesta programática política del FI defiende y representa los intereses de la clase trabajadora y del pueblo trabajador en su conjunto, y claramente es diferente al programa de los partidos proempresariales que han gobernado el país. El programa del FI reconoce que el bienestar y la felicidad del pueblo trabajador es incompatible con las ostentosas fortunas de la élite empresarial, cuyo origen se basa en salarios miserables, cancelación de prestaciones y derechos laborales, así como del despojo de bienes nacionales, propiedades sociales y comunales.

La propuesta programática del FI se sintetiza en: construir una sociedad que garantice a todas las mexicanas y mexicanos plenos derechos laborales, sociales, humanos y asegurarles una vida digna, esto requiere restaurar y ampliar los derechos laborales, sociales y humanos del pueblo cancelados a lo largo de décadas de gobiernos neoliberales, recuperar los bienes de la nación privatizadas y entregados a monopolios y trasnacionales, instaurar un gobierno democrático popular que incluya diversos mecanismos de democracia participativa que permita al pueblo trabajador definir, supervisar e implementar políticas y acciones en todos los ámbitos de la sociedad.

Nuestro programa recupera las demandas más sentidas del movimiento popular y de la clase trabajadora en los últimos 30 años (cancelar las reformas estructurales y crear leyes que representen los intereses de las y los trabajadores).  Es decir, parte de un análisis del estado de ánimo de las masas y las expone en consignas concretas.

Los puntos de nuestro programa son:

  1. Garantizar los derechos sociales a la población. El 85.7% de la población en Michoacán está en situación de pobreza o de vulnerabilidad por carencias o ingresos, de estos el 46.0% de la población de la entidad vive en situación de pobreza, es decir, 2,161,900 personas. Este grave panorama tiene su origen en el diseño de las políticas públicas que han desarrollado los gobiernos emanados de las minorías empresariales, los cuales han favorecido a una minoría que se ha enriquecido al amparo del poder público, para lo cual es esencial la existencia de la corrupción y la impunidad, que ha incrementado la brecha de desigualdad social. Para subsanar esta desigualdad comenzaremos por garantizar los derechos sociales a todas y todos los michoacanos.
  2. Por el respeto a una vida libre de violencias machistas. Acceso a una vida libre de violencias machistas. Siendo responsabilidad del Estado el prevenir, atender, combatir y castigar todas las formas de violencia y discriminación hacia las mujeres. Garantizar mecanismos institucionales de apoyo y atención a las víctimas, eliminando la revictimización y la violencia en los medios de comunicación.
  3. ¡Serán ley! Derechos sexuales y reproductivos para todas las mujeres. Garantizar el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, así como todos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Garantizar el derecho a la maternidad y paternidad compartida, así como la responsabilidad del Estado, sin discriminación a las diferencias en la conformación de los núcleos familiares. Promover la existencia de un sistema de educación temprana para el cuidado de las y los hijos.
  4. Luchar contra la desigualdad, terminar con los subsidios fiscales a las grandes fortunas e impulsar un salario universal. Terminar con los subsidios públicos a las grandes fortunas, eliminando los beneficios fiscales a los más ricos y estableciendo impuestos estatales progresivos (el que más tiene, más paga), que ayuden a apalear la desigualdad y financiar a la salud y la educación pública. Nuestro estado es de las entidades que más desaprovechan sus facultades tributarias. De los 17 impuestos que podrían recaudar, nuestro estado recauda 5. Es necesario iniciar una lucha frontal contra la evasión fiscal que realizan los propietarios de grandes fortunas.
  5. Reconocimiento, garantía y salario justo al trabajo doméstico y de cuidados. Impulsar campañas que promuevan una cultura de la socialización del trabajo doméstico.
  6. ¡Por el derecho a la seguridad y las guardias comunitarias! Nuestro estado al igual que el resto del país, ha sido gravemente golpeado por la inseguridad y la violencia. Es necesario desarrollar políticas públicas para dar atención inmediata a las comunidades más afectadas por esta terrible situación, terminando con la impunidad y eliminando toda práctica extra-judicial de facto, como la desaparición forzada y las ejecuciones como la ocurrida en Arantepacua. El fracaso de la política de guerra calderonista, nos lleva a pensar en un nuevo modelo de seguridad que involucre a las y los michoacanos dándoles la posibilidad de intervenir directamente en el manejo de la seguridad pública, como lo son las guardias comunitarias, junto a esto pondremos en marcha una estrategia multidimensional que abarque el apoyo a las comunidades más afectadas así como el impulso del deporte y la cultura, poniendo especial énfasis en la prevención social de la violencia y la delincuencia.
  7. Por el derecho de los pueblos originarios e indígenas a la autodeterminación y respeto a su territorio. Luchar por una reforma que permita la elección de representantes de los pueblos en el poder legislativo, según los métodos de usos y costumbres de estos. Garantizar y respetar el derecho de los pueblos y comunidades a la autonomía, al presupuesto directo, rondas comunitarias, al control territorial y a la utilización de sus recursos, así como el respeto de los usos y costumbres que permitan fortalecer y acrecentar la democracia popular. Respeto a la pluri e interculturalidad de los pueblos, impulsando las distintas manifestaciones culturales y tradiciones.
  8. ¡Trabajo digno y pensiones justas! Eliminar todas las condiciones laborales precarias, injustas, subcontratadas y flexibles donde se labora sin derechos y en condiciones de informalidad. Impulsar un incremento salarial de acuerdo a las necesidades de las y los trabajadores. Eliminar el trabajo infantil, el trabajo esclavo o semi-esclavo y la trata de personas para fines laborales o sexuales. Garantizar los derechos políticos y sociales, a la estabilidad laboral, a la libre sindicalización, a la huelga y a la manifestación de los gremios, eliminando las leyes nocivas para las y los trabajadores; garantizando la democratización de los sindicatos y la libre organización.
  9. Derecho a la educación pública, gratuita, científica y popular. La educación en nuestro estado ha sido manejada desde la óptica empresarial, centrada en transformar las estructuras y la organización de los sistemas educativos, mediante la lógica de la libre competencia del mercado. Garantizar el presupuesto necesario para mejorar la infraestructura educativa de nuestro estado, acabando con las escuelas de palitos o en malas condiciones, también se terminará con la incertidumbre laboral de las y los maestros de todos los niveles educativos de nuestro estado a los que se les garantizará el pago de salarios y prestaciones. Garantizar el libre acceso a la educación y fortalecer el carácter democrático, científico, gratuito y popular de la educación en todos los niveles y etapas de la vida de las y los trabajadores. Eliminar además todos los mecanismos de exclusión educativa, garantizando el libre acceso a la educación a todas las personas. Defender el normalismo como la esencia de la educación del país.
  10. El campo para las y los campesinos. En Michoacán ha existido un enorme impulso al sector agroexportador, dejando de lado a las y los pequeños productores, que se han visto obligados a migrar y dejar sus parcelas. Es necesario apoyar al pequeño y mediano productor que nos ayude a alcanzar la soberanía alimentaria necesaria para garantizarle el derecho la alimentación al pueblo michoacano.
  11. El agua es un derecho humano. En Michoacán ha disminuido en al menos un 30 por ciento la capacidad de 600 de los manantiales que existen, la sequía aumenta en un 20 por ciento de un año al otro. El sistema de concesiones posibilita que la extracción de agua se concentre en pocas manos, enfocadas especialmente a la producción de monocultivos (berries y aguacates), actividad industrial o en los fraccionamientos de lujo de nuestras ciudades. Ante este escenario es urgente garantizar el derecho humano al agua y posibilitar un gobierno democrático del agua del pueblo.
  12. Luchar contra el cambio climático. Michoacán enfrenta una degradación ambiental acelerada, que se manifiesta en la deforestación, la contaminación y el abatimiento de los mantos acuíferos. Todos estos problemas se han incrementado por la complicidad y la laxitud jurídica. Nuestro estado ha perdido en los últimos 30 años el 68% sus bosques y el 21.8% de especies en Michoacán están en peligro de extinción, este año los incendios han arrasado con 10 mil hectáreas, el triple que los dos años anteriores. Ante esto garantizaremos la construcción de un nuevo marco jurídico que defienda el medio ambiente. Cancelaremos los procesos productivos que atenten contra el equilibrio de este, castigando a los responsables de los daños ambientales. Y se garantizará el derecho a un medio ambiente sano.
  13. Derecho universal a la salud para toda la población. La situación del sistema de salud estatal es precaria, dejando a la población sin la posibilidad de atender sus padecimientos básicos o de especialidad. Los distintos gobiernos estatales se fueron desligando de su obligación de garantizar y financiar el sistema de salud, llevando a una grave crisis a los hospitales públicos, dejándolos sin insumos y precarizando a las y los trabajadores sanitarios. Este desfinanciamiento tiene como objetivo permitir que la iniciativa privada lucre con la salud de las y los michoacanos. Por eso garantizaremos el presupuesto necesario para el rescate de los hospitales públicos y garantizar las condiciones laborales del personal de salud.
  14. Derechos de la comunidad LGBTTTIQ. Establecer el Derecho al Libre Ejercicio del Género declarando el absoluto respeto y la no interferencia del Estado, y de la sociedad, en los asuntos sexuales de las personas que permita las diversas formas de vivir la sexualidad sin coerción, discriminación o violencia y en la definición del género que estas decidan.
  15. Promover una Reforma Política que permita la revocación de mandato, el referéndum y la participación generalizada de todo el pueblo en los procesos democráticos. Democratización de los gobiernos municipales y estatal. Promover todos los métodos de participación popular. Promover un régimen democrático parlamentario que asegure la soberanía y participación del pueblo. Garantizar la imparcialidad e incorruptibilidad de los aparatos de justicia. Es necesario garantizar que el pueblo se parte de las decisiones de los gobiernos, por eso instrumentaremos medidas de participación popular cuyas determinaciones sean obligatorias de acatar para los gobiernos.
  16. Derechos a la libre manifestación. Todas y todos los michoacanos tendrán garantizado su derecho a la libre manifestación de las ideas, eliminando toda forma de represión, persecución a los movimientos sociales y la criminalización de la protesta social que hasta el momento persisten.
  17. Democratizar los medios de comunicación. Garantizar la libre expresión y manifestación de las ideas combatiendo el monopolio de los medios de comunicación con la apertura de estaciones de radio y cadenas televisivas públicas, ampliando el acceso a internet y fomentando la creación de periódicos comunales, barriales, universitarios y populares.
  18. Garantizar todos los Derechos Humanos de todas las personas extranjeras y migrantes, que residan o atraviesen por el territorio nacional, independientemente de que cuenten o no con documentación para hacerlo. Erradicar la discriminación, homofobia, xenofobia, y racismo, y castigar a quien la fomente o practique, en cualquiera de sus modalidades, ya sea por sexo, edad, raza, religión, preferencia sexual, de género y/o formas de expresión cultural. Garantizar la inclusión de las personas con discapacidad y población vulnerable, sobre todo a las y los niños, madres solteras y personas ancianas y/o enfermas. Asegurar como un derecho para toda la población el acceso a estancias adecuadas a sus requerimientos.